Docente de la UDEP opina sobre la influencia y validez de las encuestas preelectorales.
Por Claudia Reto. 22 febrero, 2013.
Fernando Huamán, docente de Opinión Pública de la Facultad de Comunicación de la UDEP.
Fernando Huamán Flores es docente de Opinión Pública en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura y actualmente realiza un doctorado en Comunicación Pública en la Universidad de Navarra. Desde su punto de vista profesional, nos explica la importancia de los estudios de percepción social teniendo en cuenta los últimos resultados de las encuestas sobre la revocatoria a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán.
¿Cómo influyen las encuestas preelectorales en la decisión de los electores?
En la opinión pública existe la tendencia de apostar a ganador, por eso los datos preelectorales puedan jugar a favor uno u otro candidato. Este efecto es más palpable en los electores indecisos o los que deciden viciar su voto ya que, a pesar de su supuesta neutralidad, pueden optar, en último minuto, por apoyar a un candidato. Dicho apoyo no ocurre en función de las virtudes del político sino que asignan un voto para que no gane el adversario. Esta lógica la vivimos cada vez que tenemos escenarios polarizados. El proceso de revocatoria es uno de estos escenarios.
¿Cómo se justifica la veracidad en una encuesta?
En los últimos años se ha puesto énfasis en la función predictiva de las encuestas, tanto así, que después de una elección, se regresa a ellas para saber ‘si acertaron’ o ‘se equivocaron’. Sin embargo, por encima de lo que se cree, las encuestas tienen principalmente una función explicativa a partir de los datos, es decir, los porcentajes no siempre son predictivos sino un punto de partida para el análisis.
¿Cuál es la importancia de un estudio de percepción?
Los estudios de percepción son una fotografía de la realidad. Cuando están bien hechos forman parte del derecho a estar informado que tiene el público. Si bien es cierto no trabajan con datos objetivos –porque miden el ánimo de los ciudadanos– sí que ayudan a conocer la agenda pública de la comunidad en un escenario específico. Es importante señalar que la interpretación del escenario social requiere combinar los resultados numéricos con las teorías de opinión pública. Por ello, la interpretación de la realidad política la deba realizar el analista, no la encuesta.
En el 2011, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) intentó modificar el art. 8 del Reglamento Electoral de Encuestadoras. ¿Qué proponían este cambio?
Se buscaba que las encuestadoras entreguen la base de datos con la identificación personal de las personas entrevistadas. Si bien es cierto ello implicaba conocer el DNI y el teléfono –asunto que no fue bien visto por la opinión pública hace un par de años– la idea de fondo era que el JNE pudiera comprobar si exactamente se había cumplido con un trabajo de campo estratificado; es decir, si se habían realizado las encuestas en las zonas que indicaba la ficha técnica. No se trataba, como se dijo en su momento, de vulnerar el anonimato de las respuestas del público. Las mismas empresas encuestadoras necesitan saber algunos datos de los entrevistados para confirmar que sus encuestadores han realizado efectivamente el trabajo de campo. La modificación al art. 8 no prosperó, pero sí dejó entrever que el JNE tenía dudas sobre los estudios de opinión pública.
